Gobierno radica reforma tributaria con la que busca recaudar $21,9 billones en 2027

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria con el que busca fortalecer los ingresos del Estado y respaldar la estrategia de consolidación fiscal planteada tras la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal. La iniciativa propone modificaciones al sistema tributario mediante la reducción de beneficios fiscales, cambios en impuestos sobre el consumo, ajustes a la tributación de personas naturales y jurídicas, así como medidas relacionadas con combustibles, turismo, vehículos híbridos y actividades consideradas generadoras de externalidades.

En la exposición de motivos, el Ministerio de Hacienda sostiene que Colombia enfrenta un desequilibrio estructural de las finanzas públicas derivado del crecimiento del gasto por encima de los ingresos y de la rigidez presupuestal. Según el documento, más del 90% del Presupuesto General de la Nación corresponde a gastos inflexibles, lo que limita la posibilidad de realizar ajustes únicamente por la vía de la reducción del gasto.

Bajo ese diagnóstico, el Gobierno plantea una estrategia de consolidación gradual que combine medidas de aumento del recaudo con acciones para revisar la eficiencia del gasto público. La exposición de motivos señala que la reforma constituye el punto de partida de una senda para restablecer el equilibrio entre ingresos y gastos a partir de 2028, sin afectar la prestación de servicios públicos ni la inversión estatal.

El documento estima que el conjunto de medidas permitirá obtener ingresos adicionales por $21,9 billones durante 2027, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). A partir de 2028, el Gobierno calcula que el recaudo permanente alcanzará en promedio el 1,5% del PIB, mediante cambios en beneficios tributarios, impuestos a personas naturales y jurídicas, patrimonio, gravámenes ambientales y modificaciones a exoneraciones en aportes a la seguridad social.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la mayor fuente de ingresos provendría de la reducción de exoneraciones a los aportes a la seguridad social, seguida de la disminución del gasto tributario, los cambios en el esquema de progresividad y las medidas relacionadas con externalidades ambientales y de consumo.

Entre las principales propuestas figura una revisión del gasto tributario asociado al IVA. El Gobierno sostiene que este impuesto concentra la mayor parte de las pérdidas de ingresos fiscales, al representar el 5,6% del PIB en 2023, con un costo superior a los $88 billones. Bajo ese argumento, plantea revisar exclusiones y exenciones vigentes para ampliar la base gravable y fortalecer el recaudo.

Dentro de ese capítulo también se propone mantener el IVA del 19% para los juegos de suerte y azar operados por internet. Según la exposición de motivos, la medida busca equiparar el tratamiento tributario entre las plataformas digitales y los establecimientos físicos, evitar diferencias regulatorias y generar cerca de $1,7 billones de recaudo en 2027. El documento señala además que estos servicios no hacen parte de la canasta utilizada por el DANE para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que no prevé efectos inflacionarios directos.

Otra de las modificaciones planteadas corresponde a los vehículos híbridos. La iniciativa propone eliminar la tarifa reducida del 5% de IVA y gravarlos con la tarifa general del 19%. El Gobierno argumenta que el beneficio vigente favorece principalmente a hogares con mayores ingresos y que la medida busca orientar los incentivos hacia tecnologías de cero emisiones. La DIAN estima que este cambio generaría aproximadamente $303.000 millones en ingresos durante 2027.

La reforma también incluye modificaciones al tratamiento tributario de los combustibles líquidos. Entre ellas se plantea incrementar gradualmente el IVA aplicado a la gasolina y al ACPM, gravar con la tarifa general algunos biocombustibles y completar el esquema de IVA plurifásico para la gasolina. El Ministerio de Hacienda proyecta que estas medidas aportarían alrededor de $3,6 billones en 2027 y un promedio de $8 billones anuales desde 2028, al tiempo que buscan incorporar en los precios los costos asociados a las emisiones y la contaminación.

En materia de turismo, el proyecto elimina la exención de IVA para los servicios turísticos prestados a visitantes no residentes. El Gobierno sostiene que el beneficio presenta dificultades de control y fiscalización, por lo que propone que el impuesto sea cobrado de manera general, manteniendo el mecanismo de devolución del IVA para turistas extranjeros al momento de salir del país.

En el impuesto sobre la renta de personas naturales, la iniciativa propone eliminar la deducción adicional de 72 UVT por dependiente creada mediante la Ley 2277 de 2022, al considerar que genera una duplicidad de beneficios tributarios. El proyecto mantiene la deducción correspondiente al 10% de los ingresos brutos y estima que el cambio incrementaría el recaudo en cerca de $1,4 billones para 2028.

Asimismo, el articulado contempla modificaciones al tratamiento tributario de los dividendos. La exposición de motivos plantea eliminar el descuento previsto en el artículo 254-1 del Estatuto Tributario al considerar que reduce la progresividad del sistema y amplía el rango exento para algunos contribuyentes. Según las estimaciones de la DIAN, este ajuste aportaría cerca de $984.000 millones en recaudo durante 2028.

El documento también propone eliminar el tratamiento del componente inflacionario aplicable a determinados rendimientos financieros de personas naturales. El Gobierno argumenta que este mecanismo aumenta la complejidad del sistema tributario, genera tratamientos diferenciados entre tipos de rentas y beneficia principalmente a contribuyentes con mayores ingresos y patrimonios.

Con la radicación del proyecto comienza ahora el trámite legislativo en el Congreso, donde la iniciativa deberá surtir cuatro debates antes de convertirse en ley. El Gobierno plantea que la reforma hace parte de la estrategia para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas y cumplir la senda de retorno a la Regla Fiscal a partir de 2028.